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GOLPE DE ESTADO COLOMBIANO EN TRES ACTOS: INTRODUCCIÓN

La separación de poderes ha sido parte fundamental del Estado Democrático desde sus inicios.  La abolición de la tiranía monárquica embriagada por sus caprichos hizo necesario crear un modelo en el cual se controlaran entre sí las principales funciones estatales en cabeza de diferentes personas, órganos e instituciones.  El poder absoluto tiende a generar corrupción absoluta, y la respuesta democrática no se hizo esperar.

Por ello, se crea una idea de Democracia deliberativa, apasionada, imperfecta, que se encargó de entregar sus objetivos en diversas manos, de manera decidida: un poder Legislativo elegido plenamente por verdadera voluntad popular, encargado de crear las leyes como base del comportamiento social; un poder ejecutivo, sea cual fuere la forma de su elección (de manera directa o por sus representantes en el legislativo), encargado de la aplicación de las leyes creadas para redistribuir los impuestos; y el poder judicial, encargado de dirimir los conflictos sociales basados en las leyes previstas.

Lo que es evidente es que la función principal definida por los padres de la separación de poderes no ha cambiado, independientemente de que se pretenda forzar una evolución jurídica acomodada a intereses políticos del momento.  En muchos ordenamientos, se han creado otros nuevos poderes autónomos (electoral, disciplinario, investigador de delitos, constitucional, son ejemplos de ello) pero la raíz de los objetivos iniciales de los poderes tradicionales permanece inmóvil.

Las Constituciones occidentales, sin importar el sistema jurídico al que pertenezcan, han reconocido la división de poderes como principio fundamental del sistema democrático.

La intromisión indebida de cualquier poder público en otro es una abominación, pues desnaturaliza el ejercicio del poder delegado en las ramas por la propia Constitución, al abocarse funciones que no le corresponden, logrando que el poder se desbalancee y se convierta en una Dictadura velada.  La Democracia no puede permitir, bajo ningún pretexto, que se corrompa el equilibrio que con tanto esfuerzo se ha logrado.  Autorizar la prevalencia de cualquier rama, cualquiera sea el pretexto por loable que pareciera (seguridad, orden, supuesta prevalencia de derechos fundamentales, o cualquier otra razón) es darle cabida a una Dictadura sesgada, la cual ya fue superada en el mundo moderno.

En la Constitución Política de Colombia se ha acogido el sistema Democrático y la separación de poderes como parte fundamental del mismo. Las normas son claras y cualquier interpretación acomodaticia para involucrarse en asuntos que no son de su competencia debe ser rechazada severamente.

La base constitucional de la división de las funciones del Estado en ramas es el artículo 113.  La Constitución en este artículo toma un concepto de colaboración armónica entre las diversas ramas para la realización de los fines estatales pero cada una con unas funciones claramente definidas.

Posteriormente, la propia Constitución se encarga de reforzar el contenido de las funciones separadas y de colaboración armónica.  Podemos apreciarlo en ejemplos como: el artículo 121 enfáticamente define que ninguna autoridad del Estado pueda ejercer funciones distintas a las que les dan la Constitución y la ley; el artículo 136 numeral 1 prohíbe al Congreso inmiscuirse en competencia privativa de otras autoridades; el artículo 200 muestra la relación detallada de las relaciones que debe tener el Gobierno frente al Congreso; los artículos 212 a 215 sobre estados de excepción muestran cómo deben ser tanto el procedimiento como las actuaciones de las diversas ramas del poder público en esos momentos excepcionales.

A Colombia ha llegado una Dictadura disfrazada de protección de Derechos Fundamentales, que interpreta a su entero antojo la Constitución, que se considera a sí misma la única protectora de la Carta de Derechos (irrespetando a las demás ramas del poder público), que ordena a otras autoridades elegidas democráticamente a actuar de determinada manera, que viola la presunción de buena fe de los demás funcionarios públicos y se muestra a sí misma como la única salvadora de la Constitución y de los ciudadanos.

La Corte Constitucional es la nueva Dictadora y lo ha hecho tanto en sus fallos de constitucionalidad como de tutela.  Una oligarquía dictatorial conformada por nueve sujetos que se consideran a sí mismos como los únicos que garantizan los derechos de los ciudadanos; que ordenan recursos exorbitantes dirigidos hacia ciertos grupos sociales pero no tienen en cuenta la desprotección de los demás ciudadanos; que amenazan a funcionarios públicos con privación de la libertad si no cumplen sus fallos aunque no existan los recursos para los mismos; que pondera Derechos de manera subjetiva para acomodarlos a sus fallos con intereses demagógicos para presentarse a sí mismos como los superhéroes que desean acabar con la inequidad y la injusticia; que consideran a los demás seres humanos como simples mortales que no tienen idea de qué es bueno o malo sino que son ellos los únicos que tienen la verdad revelada; que han atropellado el propio texto constitucional para avocarse funciones y competencias no autorizadas.

Nueve sujetos que no tienen legitimación popular alguna, que solamente se deben al Pueblo y por él existen, y que lo mejor que han logrado es quitarles al Pueblo y a sus representantes las legítimas funciones democráticas que les corresponden, con sentencias forzadas por su conveniencia política.

La monarquía absolutista que gobernó Europa durante siglos estaría orgullosa de la Corte Constitucional colombiana, pues dicha monarquía también se consideraba a sí misma la mejor herramienta para la búsqueda del progreso de los súbditos a su cargo, amenazaba a quien se le contrapusiera y, lo más importante, nunca fue elegida popularmente para decidir a su antojo sobre la conveniencia y viabilidad de sus caprichos.

Veremos en tres actos la forma cómo los nueve sujetos de la Corte Constitucional se tomaron el poder ante la pasividad de las otras ramas del poder público, y, más triste aún, frente al silencio cómplice de la ciudadanía, que no ha tenido tiempo de reflexionar sobre las consecuencias de lo que se avecina.  Abramos los ojos.  Es tiempo de actuar.

Febrero de 2013

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