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GOLPE DE ESTADO COLOMBIANO EN TRES ACTOS: PRIMER ACTO: AL PODER EJECUTIVO

El primer acto del golpe de estado moderno en Colombia es el que le ha hecho la Corte Constitucional al poder ejecutivo.  Dicha Corte, entre muchas otras figuras que ha utilizado en sus fallos para perpetuar su dictadura, creó el denominado “estado de cosas inconstitucional” para hacer lo que le venga en gana y apropiarse de las políticas públicas correspondientes al Ejecutivo, de manera más directa, y al debate legislativo, de manera indirecta.

El estado de cosas inconstitucional fue declarado por primera vez en 1997, en la Sentencia T-227 de ese año.  El tema más recurrente y de mayor trascendencia que se ha tratado en el “estado de cosas inconstitucional” es el de desplazados, que se inicia con la sentencia T-025 de 2004.

La Corte se ha referido en siete temas diferentes al “estado de cosas inconstitucional”, se trata de varias situaciones distintas, incluso de baja gravedad social, tales como:

  • La omisión de incluir algunos docentes cotizantes al Fondo Prestacional del Magisterio.
  • La violación de derechos procesales a sindicados detenidos.
  • La falta de un sistema de seguridad social para sindicados y reclusos.
  • La mora en el pago de mesadas pensionales.
  • La falta de protección para los defensores de derechos humanos.
  • La omisión de una convocatoria concurso para empleados notariales.
  • La situación de las personas desplazadas

Para la Corte, existen unos factores productores del “estado de cosas inconstitucional”, a saber (cita textual):

  • La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas.
  • La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar estos derechos.
  • La adopción de prácticas inconstitucionales, como la exigencia de incorporar la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado.
  • La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos.
  • La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, para la adopción mancomunada de un conjunto de medidas multisectoriales que exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante.
  • Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.

Pero este adefesio denominado “estado de cosas inconstitucional” tiene unos riesgos enormes para la Democracia, y es susceptible de críticas argumentativas de fondo que aquí se presentan:

  1. La demagogia judicial es supremamente bonita en el papel, un sueño humanístico muy fácil de predicar desde los escritorios judiciales pero imposible de llevar a feliz término si no se cuenta con los recursos económicos y humanos para ello. La ciencia que definitivamente no han podido comprender los jueces en su estudio es la de la Economía, basada en el manejo de recursos escasos y de mejora de condiciones de vida social en general, no para determinados grupos.
  2. El invento del “estado de cosas inconstitucional” es artificioso porque se puede aplicar casi a cualquier situación que suceda en nuestra realidad colombiana, y por ello la Corte Constitucional podría inmiscuirse en cualquier ámbito, dejando de lado la división de poderes y entrando en el campo de la dictadura como lo hace soterradamente.
  3. Infortunadamente, el Estado colombiano cuenta con sinnúmero de situaciones en las que existe una infame vulneración de derechos: en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia de educación (especialmente acceso a educación superior), en materia de movilidad urbana, en fin, son muchos los casos en que se puede discutir la misma motivación.  Podemos concluir que, desde ese punto de vista, Colombia es un estado de cosas inconstitucional constante, y por lo tanto entramos en una espiral de causas y efectos imposibles de solucionar por cualquier autoridad.
  4. La inoperancia de las autoridades frente a muchas situaciones se debe, la mayor parte de las veces, a la falta de recursos tanto económicos como humanos.  Lo que aquí se nota es la presunción de mala fe que tiene la Corte Constitucional sobre las autoridades administrativas, tal como si no quisieran solucionarle los problemas a los ciudadanos sino que estuvieran sentados adornando sus puestos.
  5. Definir la prioridad de atención de cualquier emergencia como la que vive el Estado colombiano en todos sus frentes es muy complejo.  La tutela se ha impuesto porque las personas consideran que de dicha manera la darán prioridad a su caso, sin importar los de los demás ciudadanos.  Todos los ciudadanos consideran su caso como vital y urgente, y los propios jueces se han encargado de convertir la tutela en el único mecanismo funcional. Esto es, la propia rama judicial ha creado un problema sin fin y pretende remediarse a sí misma con la imposición de medidas coercitivas frente a las demás ramas del poder público.  Es un problema real creado por la propia rama judicial que no se puede concluir como una práctica inconstitucional.
  6. El Estado colombiano está saturado de normatividad para solucionar en teoría todo tipo de problemas, aunque en la práctica sea imposible aplicarla; y, por otro lado, la definición de prioridades presupuestales es sumamente compleja en un Estado con recursos limitados y con tantas necesidades, lo que nunca tienen en cuenta los jueces en sus argumentos.
  7. La Corte utiliza un argumento risible: se pretende terminar la congestión judicial pero a la vez se le impide a las personas el libre acceso a la justicia.  El problema de congestión judicial viene por varios motivos: incompetencia judicial, dificultades presupuestales, modelos culturales son las más vistosas.  Si por ello, hay un estado de cosas inconstitucional, se reafirmaría la inviabilidad del Estado colombiano.  Lo que la Corte no se da cuenta es que está autorizando que las personas abusen de la tutela en un futuro para que cualquier problema se convierta en “estado de cosas inconstitucional”.  Es decir, la propia rama judicial, con su aceptación desmedida de tutelas, pretende solucionar todos los problemas diciendo que no exista más esta acción.

Como ya se ha esbozado, el “estado de cosas inconstitucional” es un artificio judicial para entrometerse de manera dictatorial en las funciones de otras autoridades estatales.  La conexión es sencilla: como existe un supuesto “estado de cosas inconstitucional”, entonces la Corte le da irrespetuosas órdenes a las autoridades administrativas sobre cómo actuar, so pena de enviarlos a la cárcel en caso de no cumplir.  El cinismo de la jurisdicción constitucional, basado en una demagogia ridícula, llega a límites impensados: la Dictadura en todo su apogeo, tal como les gustaba a los monarcas de otrora.

Muchas autoridades administrativas han tenido que pasar días en prisión a pesar de la imposible ejecución de las órdenes dadas a ellos, a pesar del conocimiento que la Corte Constitucional tiene de esa imposibilidad del cumplimiento.  Una violación flagrante al debido proceso constitucional, olvidando la máxima jurídica de que “a lo imposible nadie está obligado”.

La disculpa demagógica de la protección de derechos fundamentales en el “estado inconstitucional de cosas” puso en jaque la separación de poderes, el Estado de Derecho y, en especial, nos pone frente a una dictadura agazapada.

Desconocer el proceso constitucional del Plan Nacional de Desarrollo y de Presupuesto Nacional, que son claramente definidos en los artículos de las funciones de la rama legislativa y ejecutiva respecto de sus competencias (véase por ejemplo los artículos 151, 170, 200 numeral 4, 256 numeral 5), y en su procedimiento (artículos 339 a 370), y cambiar a su antojo la misma disponibilidad de recursos que tan difícilmente se consiguen en un país en proceso de desarrollo, son un desconocimiento absoluto al tecnicismo, la precisión y la capacidad ejecutiva de las demás ramas del poder público por parte de la Corte Constitucional.

No es capricho de la Constitución definir que sean los poderes elegidos popularmente los encargados de todo el proceso de debate del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto Nacional: se requiere que la Democracia participativa y deliberante sea la encargada de definir técnica y políticamente la estructura de los recursos del Estado.

A la Corte Constitucional no se le invita en ningún momento a hacer parte en el diseño de estas políticas.  Como toda Ley que salga del Congreso, la Corte Constitucional podrá decidir sobre su inconstitucionalidad por vicios de forma o de fondo, tal como lo define el artículo 241 numeral 4.

Pero la Corte Constitucional, con sus fallos de tutela, ha redefinido todo el procedimiento y competencias constitucionales en diversas políticas públicas, asumiendo todo el poder para hacerlo y, sin estar contentos, dar órdenes amenazantes a diversos actores de la rama judicial que no dependen formal ni materialmente de sus funciones.

¿Aguantaremos más abusos de poder de nueve personas sin ninguna legitimación ciudadana?  Hay que ponerle límites a esta nueva dictadura.  Es tiempo de actuar.

Abril de 2013

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