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CONSTANCIA violación de la ley 617 en antioquia

 

CONSTANCIA

 

 

Ayer 25 de julio de 2016, la Contraloría General de la República dio a conocer que durante la administración 2012-2015 de la Gobernación de Antioquia, se violó la Ley 617 de 2000 al exceder los gastos de funcionamiento permitidos, lo que significa que POR PRIMERA VEZ en la Historia, el Departamento de Antioquia baja su categoría presupuestal.

 

De acuerdo con la Ley 617, exceder los gastos de funcionamiento permitidos constituye una falta gravísima por parte de la administración 2012-2015, hecho que sucedió en el último año de la administración.

 

Este hecho trae graves consecuencias, para el Departamento: menor asignación presupuestal, disminución en los salarios del Gobernador, los Diputados y todos funcionarios departamentales, la Contraloría General de la República podrá tener el control fiscal sobre el departamento y ninguna entidad financiera podrá otorgar créditos sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda, con lo que se desdibuja la autonomía territorial y se empieza a depender aún más de las decisiones del Gobierno Central; además, la Nación no podrá otorgar apoyos financieros, directos o indirectos; cofinanciar proyectos o garantizar operaciones de crédito y además quedan invalidadas las garantías que otorga el departamento para operaciones de crédito.

 

 

Durante el período 2012-2015, las finanzas departamentales sufrieron un fuerte deterioro: la deuda pública pasó de $640 mil millones de pesos al cierre de 2011, a $1,44 billones de pesos, que se traduce en un aumento del 125%; el indicador de sostenibilidad financiera del departamento, pasó de un 32% a finales de 2011 al 66% al finalizar en 2015, lo que significa un aumento del 106%; lo comprometido en vigencias futuras al cierre de 2015, ascendían a $396 mil millones de pesos.

 

La administración 2012-2015 justificó su mala gestión fiscal aduciendo un aplazamiento de ingresos por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia, que fue lo mismo que hizo al finalizar el año 2011. Dicha administración debe responderle con hechos factibles y verificables su falta de gestión y transparencia.

 

 

 

ALFREDO RAMOS MAYA

Senador de la República

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