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El caos financiero en Antioquia sólo tiene un responsable: la pasada administración departamental, denuncia Senador Alfredo Ramos

Boletín N° 24

 

El caos financiero en Antioquia sólo tiene un responsable: la pasada administración departamental, denuncia Senador Alfredo Ramos

El congresista reaccionó así tras el incumplimiento de los topes impuestos en la ley 617 para limitar el derroche en gastos de funcionamiento.

 

 

 

Bogotá, 26 de julio de 2016. Debido al desgreño financiero en la pasada administración de Antioquia, lo que obligó al departamento por primera vez a bajar su categoría presupuestal, el senador Alfredo Ramos Maya exigió una respuesta inmediata ante las evidentes pruebas que apuntan a una exorbitante violación de los gastos de funcionamiento.

 

El reclamo del congresista se fundamenta en los hallazgos de la Contraloría General publicados esta semana, en los que se demuestran el deterioro en las finanzas públicas excediendo los topes de la Ley 617, constituyendo el hecho como una falta gravísima.

 

Por ello, “exijo con hechos factibles y verificables, por su falta de gestión y transparencia, respuestas inmediatas ante este deterioro”, sostuvo Ramos durante la plenaria de Senado de este martes.

 

Lo sucedido durante la administración departamental 2012-2015, especialmente en el último año, implica peligrosas consecuencias para Antioquia puesto que no sólo genera una menor asignación presupuestal, sino “una disminución en los salarios del Gobernador, los diputados y todos los funcionarios departamentales”.

 

Aunado a ello, se cuenta que la Contraloría General podrá tener el control fiscal sobre el departamento “y ninguna entidad financiera le podrá otorgar créditos al Departamento sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda”, comentó Ramos al resaltar que con ello “se desdibuja la autonomía territorial y se empieza a depender aún más de las decisiones del Gobierno Central”.

 

La lista de graves riesgos para el departamento, la engrosan temas como que la Nación no podrá otorgar apoyos financieros, directos o indirectos, “ni cofinanciar proyectos o garantizar operaciones de crédito y además quedan invalidadas las garantías que otorga el departamento para operaciones de crédito”.

 

La evidente pérdida de su categoría fiscal especial, se basa en el fuerte deterioro de las finanzas que se comprueba porque: “durante el período 2012-2015, la deuda pública pasó de $640 mil millones de pesos al cierre de 2011 a $1,44 billones de pesos, lo que se traduce en un aumento del 125%”.

 

Dichos excesos de gastos también se comprueban porque, tal como lo explicó Ramos, el indicador de sostenibilidad financiera del departamento pasó del 32% a finales de 2011, a 66% finalizando 2015, “lo que significa un aumento del 106%; lo comprometido en vigencias futuras al cierre de 2015, ascendían a $396 mil millones de pesos”.

 

FIN

 

 

 

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