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Boletín Nº 22 Bogotá, 16 de junio de 2017. Los riesgos de la democracia. Carta enviada por el senador Alfredo Ramos al secretario General de la OEA, Luis Almagro

 

 Boletín Nº 22

 

Bogotá, 16 de junio de 2017. Los riesgos de la democracia. Carta enviada por el senador Alfredo Ramos al secretario General de la OEA, Luis Almagro

 

 

 

Bogotá, 24 de mayo de 2017

 

 

Doctor

LUIS LEONARDO ALMAGRO

Secretario General

Organización de los Estados Americanos

 

 

Los riesgos de la Democracia en Colombia

 

 

En momentos en los cuales la Democracia en Latinoamérica se encuentra bajo la más grave amenaza, personas como usted representan la esperanza de rescatar y enaltecer nuevamente los valores democráticos.  Colombia no es ajena a dichos riesgos.

 

El Presidente de la República, como cabeza de la rama ejecutiva, se ha encargado de acabar con el principio de la separación de poderes por medio de sus acciones. En la presente misiva ponemos en su conocimiento los hechos más relevantes que evidencian el menoscabo de la Democracia en Colombia.

 

El 2 de octubre de 2016 se llevó a cabo la votación del Plebiscito en el cual se le consultaría al pueblo colombiano, como constituyente primario, si aprobaba o no los acuerdos alcanzados con el grupo narcotraficante y terrorista farc. En la legislación colombiana se consagraba un umbral del 50% del censo electoral para aprobar cualquier plebiscito, y sin embargo el Presidente Juan Manuel Santos consideró que era muy alto y en contubernio con el Congreso y la Corte Constitucional se redujo al 13%.

 

Durante los 33 días que duró la campaña del Plebiscito, según informe de la Organización que usted preside, existió gran desnivel con respecto a la financiación de la campaña, con exorbitantes recursos de quienes apoyaban al gobierno, además de un sometimiento a servidores públicos para que participaran activamente en dicho apoyo a los acuerdos.

 

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-379/16 y a pesar de haber avalado la reducción del umbral, estableció ciertos criterios que se debían cumplir en razón del certamen electoral. Dentro de los criterios que estableció la Corte, se encontraba la obligación de no utilizar una pregunta tendenciosa, a lo cual el Presidente Santos respondió que podía preguntar “lo que le diera la gana”.   Transgrediendo la jurisprudencia, optó por una pregunta sesgada: “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

 

Contra todo pronóstico, ganó la opción del NO con una votación de 6.438.552 sobre 6.382.901. Sin embargo, el Gobierno decidió pasar por encima de la voluntad popular sin escrúpulo alguno.  Tras aceleradas reuniones con voceros del NO, en las que se solicitaba un gran acuerdo nacional, se realizaron unos cambios meramente cosméticos en los que gobierno y farc sólo acogieron aquellas propuestas que les fueran convenientes y que no modificaran el acuerdo en lo sustancial.  Adicionalmente, se estableció que esos supuestos nuevos acuerdos no serían refrendados por el constituyente primario sino por el Congreso de la República, algo que nunca se mencionó en las discusiones con los voceros del NO y que excede las competencias constitucionales del poder legislativo.

 

Como si lo anterior fuera poco, tras la refrendación amañada e ilegítima por parte del Congreso de la República, el Gobierno Nacional puso en marcha un mecanismo denominado Proceso Legislativo Especial para la Paz (“Fast Track”) cuya finalidad es implementar estos acuerdos de una manera acelerada, con duración de un año. Pese a que la semana pasada la Corte Constitucional declaró inexequibles los literlaes H y J del Acto Legislativo 01 de 2016, las Comisiones de Paz del Congreso de la República expresaron que permitirían la deliberación en los debates pero que, con sus mayorías aplastantes presentarían proposiciones para votar todo en bloque y sólo aprobar las proposiciones que tuvieran el aval del Gobierno Nacional. Continúa la violación sistemática a la separación de poderes en el sentido en que, adicionalmente, desconoce la deliberación del Congreso reduciendo a la mitad los debates que debe surtir un Proyecto de Ley o de Reforma Constitucional. Y, aún más grave es el hecho de que antes de que el gobierno pueda presentar o avalar una modificación a un Proyecto de Ley o de Reforma Constitucional, éste debe ser aprobada previamente por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación conformada por tres miembros del gobierno y tres del grupo narcotraficante y terrorista farc. Adicionalmente, la norma constitucional que legitima estos atropellos democráticos le confiere facultades exorbitantes al Presidente de la República para que expida todos los Decretos con fuerza de ley que considere necesarios para la implementación del acuerdo, generando una concentración absoluta en el poder ejecutivo de las facultades legislativas y del constituyente primario.

 

Adicionalmente a todos estos procesos, los riesgos a la Democracia se aprecian en la legislación hasta ahora aprobada para la implementación del mencionado acuerdo, y que aún seguirá vigente por al menos seis meses más.

 

El primer riesgo es la creación de la denominada Justicia Especial para la Paz, diferente a la rama judicial colombiana y cuyo real propósito es darle impunidad a los miembros de las farc y la retaliación contra la oposición política, las fuerzas militares y los empresarios de Colombia. En esta justicia paralela, no se contará con la presencia de la Fiscalía General de la Nación ni de la Procuraduría, no tiene la posibilidad real de instaurar tutelas como mecanismo de protección de derechos fundamentales, no tiene unan jurisdicción disciplinaria para sus jueces, ni tiene establecido un procedimiento penal. Adicionalmente, además del alto gasto burocrático, las personas escogidas para conformar este despropósito serán seleccionadas por algunas instituciones y personas que han demostrado clara afinidad ideológica con posturas persecutoras de Latinoamérica y Europa.

 

Otro grave riesgo para la Democracia colombiana, a través de la legislación establecida para la implementación, es la incorporación de estos acuerdos al denominado bloque de constitucionalidad, sin posibilidad de ser modificados por los próximos doce años.  Esto significa que los acuerdos sin legitimación tienen rango constitucional inmodificable por tres periodos gubernamentales, avasallando toda capacidad democrática de reforma constitucional, sin precedentes en nuestra historia política.

 

Como otra novedad en este riesgo para la Democracia colombiana y para la institucionalidad es la inclusión del narcotráfico como conexo al delito político. Esto lo único que busca es legalizar los dineros provenientes de esta actividad por los cabecillas narcotraficantes y terroristas farc, dejar a sus víctimas sin posibilidad de reparación económica y entregar un mensaje de impunidad que abre las puertas para nuevas formas de violencia financiadas por el narcotráfico.

 

Siendo usted un abanderado de la Democracia, consideramos pertinente que conozca estas actuaciones irregulares y atentatorias del orden democrático de nuestro país para que le haga un llamado de atención al Gobierno colombiano con el fin de que respete la institucionalidad y prevalezcan la Constitución y las leyes.

 

Le seguiremos informando de posteriores atentados contra la Democracia colombiana para que usted, líder regional, tome las acciones que considere pertinentes con el fin de restablecer el orden institucional.

 

 

Cordialmente,

 

 

 

ALFREDO RAMOS MAYA

Senador de la República de Colombia

 

 

 

 

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