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COLOMBIA: DEMOCRACIA EN RIESGO

COLOMBIA: DEMOCRACIA EN RIESGO

Por: Alfredo Ramos Maya

Senador de la República

 

Actualmente, Colombia atraviesa por una crisis institucional sin precedentes en nuestra historia moderna. En cabeza de Juan Manuel Santos se han presenciado una serie de atropellos al ordenamiento jurídico, unos más visibles que otros, pero que han terminado por minar las bases de una verdadera Democracia, en especial el respeto por la voluntad popular libre y la separación de poderes.

 

Los acontecimientos sucedidos en este último año en Colombia han acrecentado rápidamente una pérdida de confianza en nuestras instituciones, tal como se puede apreciar en las encuestas de opinión y, especialmente, en las calles cuando se habla con la ciudadanía.  La indignación causada por los abusos del gobierno abren paso a peligrosos populismos, y estamos llamados a salvar la Democracia desde la institucionalidad.

 

Desde la aprobación en el Congreso del Acto Legislativo 1 de 2016, se ha venido una cascada de decisiones contrarias al Estado de Derecho, que es necesario hacer públicas con el fin de que la ciudadanía tome acciones concretas para evitar la decadencia democrática.

 

Dos figuras jurídicas presentes en el mencionado Acto Legislativo empezaron la debacle institucional en Colombia: por un lado, se creó un proceso de reforma constitucional y legal “express”, denominado mediáticamente como “fast track”, en el que se disminuyeron los debates para aprobación de reformas constitucionales y legales. Es decir, se hizo una reforma a la manera de cambiar la Constitución, tal vez la más crítica manera de sustituir uno de los elementos fundamentales de la misma.  Porque, de esta manera, se abriría paso para que, a través de cambios legislativos, se modifiquen los referendos o el proceso de asamblea constituyente.  Pero la Corte Constitucional, en la más sospechosa actuación que hemos podido presenciar, guardó silencio al respecto en la sentencia C-699 de 2016, y permitió que esa modificación sustancial al proceso de reforma constitucional (vía menos debates a los actos legislativos) comenzara a operar impúdicamente.   En resumen, el Congreso se autoentregó facultades excesivas de reforma constitucional, por encima de la propia Constitución, y todo sigue campante.

 

Y, pese a que en días pasados, una renovada Corte Constitucional en sentencia C-332 de 2017 declaró inexequibles los literales H y J del mencionado Acto Legislativo (que sólo permitían votar en bloque las iniciativas del gobierno y que tuvieran el aval del mismo), las Comisiones de Paz del Congreso de la República expresaron que permitirían la deliberación en los debates pero que, con sus mayorías aplastantes, votarían la totalidad del articulado en bloque y sólo aprobarían las proposiciones que tuvieran el aval del Gobierno Nacional.  En la práctica, se terminó violando sin pudor alguno la sentencia de la Corte Constitucional, violentado el principio de separación de poderes que intentó subsanar la mencionada sentencia.

 

Sin embargo, esta sentencia de la Corte Constitucional establece que sus efectos rigen hacia el futuro, es decir, ¿qué sucederá con todas aquellas Leyes y Actos Legislativos expedidos con anterioridad a esta sentencia? ¿Acaso no violaron el principio de separación de poderes desde un inicio?

 

Adicionalmente, el Acto Legislativo 1 de 2016 aprobó una ley habilitante para que el Presidente tuviera la facultad de crear decretos con fuerza de ley (es decir, leyes de la República iguales a las del Congreso) de manera ilimitada sobre cuanto tema deseara.  La Corte Constitucional en la sentencia C-699 de 2016 mantuvo también sospechoso silencio al respecto, y permitió que el Congreso se despojara de su función constitucional y se le entregara al ejecutivo un poder absoluto.

 

Desarrolladas esas peligrosas figuras jurídicas, fast track y ley habilitante, se sometió a plebiscito la decisión final con el fin de que empezaran a operar.  El Acto Legislativo 01 de 2016, el cual le dio vida a este proceso, es ilegítimo en tanto desconoce la voluntad popular. El constituyente primario es el pueblo colombiano y éste, a pesar de las todas trampas que el gobierno hizo (cambio de mayorías de 50% a 13%, utilización de recursos públicos, participación de servidores, las farc armadas durante la campaña, entre tantas otras), se pronunció en las urnas el 2 de octubre, expresando su negativa al acuerdo entre Gobierno y el grupo narcotraficante terrorista farc.  Se exigían, con ese triunfo, unos cambios sustanciales y de fondo a los acuerdos, y no unos cosméticos y convenientes, como los que finalmente se impusieron.  Pese a la insistencia de los sectores que triunfaron con el “NO” pot buscar un gran acuerdo nacional, el gobierno prefirió desconocer el resultado ciudadano e imponer la implementación de acuerdos antidemocráticos.

 

Adicionalmente, nos encontramos ante un proceso inconstitucional. La rama legislativa no tiene la competencia para refrendar acuerdos de tipo alguno. Las funciones del Congreso se encuentran en la Constitución Política de Colombia en el artículo 140 y en la Ley 5 de 1992 artículo 6, y allí no se encuentra esa posibilidad de refrendar acuerdos con grupos al margen de la ley. Lo anterior se debe interpretar a la luz del artículo 6 de la Constitución Política que establece el principio de responsabilidad, esto es “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.   Es necesario comprender que la refrendación hecha por el Congreso se basó en una autorización hecha por el acuerdo cosmético entre gobierno y farc, no por competencia constitucional alguna, lo que agrava su aprobación.

 

Este proceso a su vez es ilegal, puesto que está implementando unas políticas públicas hechas e impuestas por el grupo narcotraficante y terrorista farc conjuntamente con el gobierno.  Y no es posible que el Congreso de la República termine tomando decisiones de políticas públicas creadas por grupos al margen de la ley.  Otra aberración normativa.

 

Como si no fuera suficiente la decadencia democrática a la que nos ha llevado este gobierno, comenzó un proceso de implementación tras la supuesta refrendación con unos alcances nefastos.

Respecto a esa implementación, es necesario empezar hablando acerca de que el Decreto 1995 del 7 de diciembre de 2016 creó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) que está compuesta por 3 miembros del Gobierno y 3 miembros de las farc y, esta comisión debe avalar todo lo referente a la implementación, es decir, el grupo de narcotraficantes y terroristas farc deben autorizar todos los Actos Legislativos, Proyectos de Ley y decretos con fuerza de ley.  Es decir, el grupo narcotraficante y terrorista farc es el que termina definiendo la normatividad aprobada por el gobierno y su coalición congresional.  Tal vez el mayor despropósito democrático al que nos podemos someter, trascendiendo la violación a la separación de poderes.

 

Otro grave riesgo para la Democracia colombiana, a través de la legislación establecida para la implementación, es la incorporación de estos acuerdos al denominado bloque de constitucionalidad, sin posibilidad de ser modificados por los próximos doce años.  Esto significa que los acuerdos sin legitimación tienen rango constitucional inmodificable por tres periodos gubernamentales, avasallando toda capacidad democrática de reforma constitucional, sin precedentes en nuestra historia política.

 

La Justicia Especial para la Paz es otro atentado contra la Democracia colombiana. Esta es una jurisdicción paralela a la rama judicial colombiana y cuyo real propósito es darle impunidad a los miembros de las farc y la retaliación contra la oposición política, las fuerzas militares y los empresarios de Colombia. En esta justicia paralela, no se contará con la presencia de la Fiscalía General de la Nación ni de la Procuraduría, no tiene la posibilidad real de instaurar tutelas como mecanismo de protección de derechos fundamentales, no tiene unan jurisdicción disciplinaria para sus jueces, ni tiene siquiera establecido un procedimiento penal con garantías del debido proceso. Adicionalmente, además del alto gasto burocrático, las personas escogidas para conformar este despropósito serán seleccionadas por algunas instituciones y personas que han demostrado clara afinidad ideológica con posturas persecutoras en Latinoamérica y Europa.

 

Los atropellos a nuestra institucionalidad y a nuestra estabilidad democrática no cesan ahí, pues no podemos olvidar las implicaciones de la inclusión del narcotráfico como conexo al delito político, cuya única finalidad es legalizar los dineros provenientes de esta actividad por los cabecillas narcotraficantes y terroristas farc, dejar a sus víctimas sin posibilidad de reparación económica y entregar un mensaje de impunidad que abre las puertas para nuevas formas de violencia financiadas por el narcotráfico, sin ideologías diferentes a las de llenar sus bolsillos, tal como la legitimación que se hizo a las farc.

 

Cabe preguntarnos entonces si Colombia es una Democracia real o de papel y empezar a pensar en cómo vamos a recuperar el rumbo de este país para restablecer la institucionalidad. Encaminar de nuevo a Colombia debe ser un compromiso de todos y debemos dejar a un lado la indiferencia y comprender que nuestros derechos y libertades están en jaque.

 

Las elecciones de 2018 estará disputada entre tres corrientes: por un lado, el clientelismo que quiere perpetuarse en el poder; de otro, el populismo de izquierda disfrazado de lucha anticorrupción, que guarda silencio frente a las farc; y una coalición que debe defender la Democracia, recuperar la economía y nombrar a los mejores como símbolo real de lucha contra la corrupción. El llamado es a votar por quienes promueven este último camino.

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