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Intervención respecto de la solicitud de declaratoria de la constitucionalidad condicionada de la expresión “acuerdo”, contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. / video

 

Video: https://youtu.be/J_LTdSWSqZQ

Bogotá 31 de mayo de 2016

 

 

Honorables Magistrados

Corte Constitucional de Colombia

Atte. Magistrado. Jorge Iván Palacio Palacio

E.     S.    D.

 

 

Referencia: Intervención respecto de la solicitud de declaratoria de la constitucionalidad condicionada de la expresión “acuerdo”, contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Radicado: Expediente D11329.

 

 

ALFREDO RAMOS MAYA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.788.181 de la misma ciudad, actuando como ciudadano colombiano y Senador de la República de Colombia, me dirijo ante usted para presentar intervención en nombre propio. El 20 de julio de 2014 juré defender la Constitución, la Ley, la Democracia, y el Estado de Derecho en el que vivimos. Hoy, en virtud de este juramento y especialmente con lo dispuesto en el Art. 2 del Auto mediante el cual se admitió demanda en el asunto de la referencia y se permitió a la ciudadanía intervenir en el mismo, me permito solicitar a ustedes la declaratoria de inepta demanda, con base en los siguientes argumentos:

 

  1. Competencia de la Corte Constitucional

 

El Art. 241 de la Constitución Política de Colombia, confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las funciones que allí se señalan y dentro que las que se encuentran:

 

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

 

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

 

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

 

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

 

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.

 

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.

 

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.

 

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

 

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

 

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.

 

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

 

12. Darse su propio reglamento.

 

PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.

 

A su turno, el Art. 2 del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, establece los requisitos que deben cumplir las acciones públicas de inconstitucionalidad para ser estudiadas por la Corte Constitucional, así:

 

ARTICULO 2o. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:

 

1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas;

 

2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas;

 

3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;

 

4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y

 

5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.

 

Conforme al artículo citado es claro pues que el demandante debe en primer lugar (A), identificar con claridad las NORMAS acusadas como inconstitucionales, transcribirlas literalmente; (B) identificar las normas que hacen parte de la Constitución Política de Colombia que se consideren infringidas y (C) finalmente, señalar porque la Corte es competente para conocer la demanda.

 

Así las cosas, resulta pertinente tal como lo hizo esta honorable Corte en la Sentencia C-873 de 2003, recordar algunos asuntos respecto de las normas jurídicas, así:

 

(a) La “existencia” de una norma hace relación a su introducción al ordenamiento jurídico, es decir, a su ingreso normativo al sistema, una vez se han cumplido las condiciones y requisitos establecidos por el mismo ordenamiento para ello. Así, se predica la existencia de una ley ordinaria cuando el proyecto correspondiente, después de haber sido publicado oficialmente en tanto tal, ha sido aprobado en cuatro debates por el Congreso y ha recibido la sanción presidencial (art. 157, C.P.); a su vez, se afirma que un acto legislativo existe cuando ha surtido los ocho debates de rigor en las dos cámaras legislativas (art. 375, C.P.). (Subrayado fuera del texto).

 

(b) La “validez” de una norma se refiere a su conformidad, tanto en los aspectos formales como en los sustanciales, con las normas superiores que rigen dentro del ordenamiento, sean éstas anteriores o posteriores a la norma en cuestión. Desde el punto de vista formal, algunos de los requisitos de validez de las normas se identifican con los requisitos necesarios para su existencia –por ejemplo, en el caso de las leyes ordinarias, el hecho de haber sido aprobadas en cuatro debates por el Congreso y haber recibido la sanción presidencial -; pero por regla general, las disposiciones que regulan la validez formal de las normas –legales u otras- establecen condiciones mucho más detalladas que éstas deben cumplir, relativas a la competencia del órgano que las dicta, y al procedimiento específico que se debe seguir para su expedición. Así, por ejemplo, la validez de las leyes ordinarias presupone que se hayan cumplido requisitos tales como la iniciación de su trámite en una determinada cámara legislativa (art. 154, C.P.), el transcurso de determinado tiempo entre debates (art. 160, C.P.), su aprobación en menos de dos legislaturas (art. 162, C.P.), el cumplimiento de las normas sobre iniciativa legislativa (art. 156, C.P.) o el respeto por la regla de unidad de materia (art. 158, C.P.). Adicionalmente, como se dijo, la validez hace relación al cumplimiento de ciertos requisitos sustanciales o de fondo impuestos por el ordenamiento; así, por ejemplo, una ley determinada no podrá desconocer los derechos fundamentales de las personas (art. 5, C.P.).

 

(c) La “eficacia” de las normas puede ser entendida tanto en un sentido jurídico como en un sentido sociológico; es el primero el que resulta relevante para efectos del asunto bajo revisión. El sentido jurídico de “eficacia” hace relación a la producción de efectos en el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud que tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe algo. Por su parte, el sentido sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y el grado en que la norma es cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable; así, se dirá que una norma es eficaz en este sentido cuando es cumplida por los obligados a respetarla, esto es, cuando modifica u orienta su comportamiento o las decisiones por ellos adoptadas. (Subrayado fuera del texto).

 

(d) La “vigencia” se halla íntimamente ligada a la noción de “eficacia jurídica”, en tanto se refiere, desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor. Así, se hace referencia al período de vigencia de una norma determinada para referirse al tiempo durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos. La regla general en nuestro ordenamiento es que las normas comienzan a surtir efectos jurídicos con posterioridad a su promulgación, según lo determinen ellas mismas, o de conformidad con las normas generales sobre el particular[1]. El verbo “regir” es utilizado por las normas para hacer referencia a su vigencia, entendida en este sentido. (Subrayado fuera del texto).

 

(e) La “aplicación” de las normas es el proceso a través del cual sus disposiciones son interpretadas y particularizadas frente a situaciones fácticas concretas por parte de los funcionarios competentes para ello, sean administrativos o judiciales. Así, se “aplica” una determinada norma cuando surte efectos frente a una situación específica, desarrollando el contenido de sus mandatos en forma tal que produzca efectos jurídicos respecto de dicha situación en particular, determinando la resolución de un problema jurídico dado, o el desenlace de un determinado conflicto[2].

 

(f) Finalmente, la “implementación” de una norma hace referencia al proceso por medio del cual la política que dicha norma articula jurídicamente es puesta en ejecución. Por lo mismo, la noción de “implementación” tiene una dimensión jurídica, una dimensión material y una dimensión temporal, cuyo contenido habrá de ser determinado por el Legislador. Analíticamente, una política pública primero es diseñada y luego es implementada[3].

 

Es claro, entonces que para que esta Corte conozca un asunto se deben cumplir con determinados requisitos los cuales básicamente hacen referencia a la claridad que exista en la confrontación entre una NORMA existente, válida, eficaz, y vigente dentro del ordenamiento jurídico colombiano, frente a otra que haga parte integral de la Constitución Política de Colombia.

 

En el caso que hoy nos ocupa, el accionante Eduardo Montealegre Lynett, solicita se declare la constitucionalidad condicionada de la expresión “acuerdo”, contenida en la parte considerativa de la Resolución No 139 de 2012 mediante la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, y se designan los delegados del Gobierno Nacional que la integran.

 

Argumenta el actor, la calidad de norma de la expresión “acuerdo” a partir de considerarse un hecho notorio su existencia y, en el que en este acto administrativo, el Gobierno Nacional haya transcrito el texto de lo que sería el acuerdo con el grupo narcoterrorista de las farc. Para probar lo que él considera es una norma jurídica existente, válida, eficaz, y vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, indica:

 

…“A continuación, se transcribe la totalidad del acuerdo general (…), alcanzado en La Habana (Cuba) el 26 de agosto de 2012”…

 

Y destaca las expresiones demandadas, las cuales aparecen en la parte considerativa de una resolución, no más de cinco veces.

 

Resulta evidente que el Dr. Montealegre olvida que se predica la existencia de una ley ordinaria cuando el proyecto correspondiente, después de haber sido publicado oficialmente en tanto tal, ha sido aprobado en cuatro debates por el Congreso y ha recibido la sanción presidencial (art. 157, C.P.); a su vez, se afirma que un acto legislativo existe cuando ha surtido los ocho debates de rigor en las dos cámaras legislativas (art. 375, C.P.), premisas y actuaciones que no se han cumplido en el caso concreto, lo que deriva a todas luces en la inexistencia absoluta y manifiesta de cualquier tipo de norma jurídica.

 

A partir de lo anterior, es dable concluir que la expresión demandada, no es más que eso, una expresión, que ni siquiera alcanza la naturaleza de Acto Administrativo, ya que la transcripción a la que el ciudadano se refiere fue incluida en la parte considerativa de la Resolución No 139 de 2012. Por ello, la demanda recibida por la Corte Constitucional debió rechazarse de plano.

 

Es cierto, que cualquier ciudadano puede demandar la inconstitucionalidad de una norma a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Pero jamás podrá solicitar que se declare la constitucionalidad de una expresión, y mucho menos de un pacto firmado en un papel con narcotraficantes terroristas.

 

Con esta acción, el demandante no solo se olvida de cualquier consideración jurídica, sino que además en un acto de profundo irrespeto con el ordenamiento vigente y la ciudadanía, pretende elevar una “expresión” contenida en las consideraciones usadas en la Resolución 139 de 2012, a un nivel superior a la Constitución sin que el pueblo, quien no ha perdido su calidad de constituyente primario, se pronuncie al respecto. Estamos frente al mayor despropósito jurídico y moral que haya visto nuestra historia como Nación. No pretende Eduardo Montealegre otra cosa diferente a darle a un simple pedazo de papel, firmado con criminales, un valor superior a la Carta que la propia Corte Constitucional juró defender por sobre todas las cosas en virtud de lo claramente consagrado en el Art. 241 de la Carta Política Vigente.

 

Con base en lo expuesto, es claro que sólo se puede solicitar a la Honorable Corte Constitucional que estudie y se pronuncie respecto de aquellas disposiciones normativas hayan sido incorporadas válidamente al ordenamiento jurídico colombiano. Y a la fecha, el pueblo colombiano no ha aceptado o incorporado pacto alguno con los narcotraficantes y terroristas de las “farc”.

 

Con el planteamiento del actor, solo se busca sustituir la actual Constitución Política de Colombia, la voluntad del pueblo y convertir la mesa de negociación en un órgano constituyente, o mejor, supraconstituyente, tal como lo pretende el demandante.

 

Está llamada hoy la Corte a defender el ordenamiento jurídico de nuestra Nación, la normatividad válidamente incorporada al mismo, y a actuar en el marco de las competencias legales y reglamentarias que le han sido conferidas, defendiendo así su propia institucionalidad, y sobre todo a la ciudadanía y a las instituciones que juró defender.

 

  1. La expresión “acuerdo”

 

Si bien es claro que en el caso que ocupa nuestra atención no resulta procedente el análisis de constitucionalidad, de lo que equivocadamente considera el actor es una disposición normativa, no deja de ser importante señalar la imposibilidad de demandar una expresión contenida en una sola palabra, la cual carece de contenido regulativo. En este caso la palabra “acuerdo”.

 

En efecto, la Corte Constitucional en diferentes oportunidades se ha referido a este aspecto y dentro de una primera línea, ha sostenido que, en general, el escrutinio judicial versa únicamente sobre el contenido normativo de los enunciados legales, más no sobre la terminología en la que se expresan las prescripciones jurídicas, porque en principio esta dimensión lingüística del Derecho carece en sí misma de relevancia normativa. En este orden de ideas, en la Sentencia C-458 de 2015, ha concluido que cuando se demanda una palabra aisladamente considerada, la tarea del juez constitucional consiste, de ordinario, en evaluar su faceta regulativa, una vez integrada la expresión en el enunciado normativo del que hace parte, para así proceder a determinar la compatibilidad de la prescripción resultante con el ordenamiento superior. En este contexto, entonces, no sería factible valorar los signos lingüísticos como tal. (Subrayado fuera del texto).

 

Así por ejemplo, aunque en la sentencia C-910 de 2012 la Corte evaluó la validez de la expresión “la personalidad”, contenida en el artículo 27.2 de la Ley 1142 de 2007, el análisis se efectuó respecto de la regla que resulta de insertar la palabra en la disposición de la que se hace parte; en este entendido, esta Corporación no determinó si el signo lingüístico “la personalidad”, considerado en abstracto, se oponía a la Carta Política, sino si la regla que supedita el beneficio de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de la residencia para personas mayores de 65 años, a la evaluación de su personalidad, vulneraba el debido proceso o las libertades públicas. (Subrayado fuera del texto).

 

Bajo la misma lógica, en la sentencia C-105 de 2013  este tribunal se pronunció sobre la validez de las expresiones “previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación” y “la Procuraduría General de la Nación”, contenidas en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, para examinar si a la luz del principio de autonomía de las entidades territoriales, de las competencias constitucionales de los concejos municipales y distritales y del derecho a la igualdad, resultaba admisible la intervención de la Procuraduría en la elección de los personeros mediante la dirección y operación del correspondiente concurso de méritos, concluyendo que dicha participación era inaceptable desde la perspectiva constitucional.

 

No obstante lo anterior, de manera clara ha dicho este tribunal que “no resulta razonable entender que el vocabulario legal pueda ser objeto de un control constitucional material, como en algunas ocasiones parece haberlo concebido el mismo”, menos aun cuando se trata de un vocablo que ni siquiera hace parte de una disposición jurídica existente, válida, eficaz y vigente en el ordenamiento jurídico colombiano.

 

En segundo lugar, en la misma providencia este tribunal al respecto se pronunció en los siguientes términos:

 

…“Desde una perspectiva lógica, la validez se predica de las prescripciones jurídicas y no de las palabras individualmente consideradas, del mismo modo en que el valor veritativo se predica de los enunciados y no de los vocablos. Así, la oración “todos los hombres son mortales” es verdadera y la oración “los insectos son mamíferos” es falsa, pero en ningún caso “hombres”, “mortales”, “insectos” o “mamíferos” pueden ser verdaderos o falsos.

 

Asimismo, en palabras de la Corte, es posible afirmar que prescripciones que penalizan los actos de discriminación, que establecen como inhabilidad para contratar con entidades de la Administración Pública por haber dado lugar a la declaratoria de caducidad de un contrato estatal  o que determinan que la atención en salud de las personas que tienen enfermedades huérfanas no puede ser objeto de limitaciones administrativas o económicas , son susceptibles de ser valoradas en términos constitucionales, y que por tanto, pueden ser declaradas exequibles o inexequibles. Pero no pareciera posible efectuar el juicio de constitucionalidad respecto de signos lingüísticos aislados como “delito”, “persona”, “comunidad”, “consulta” o “propiedad””…

 

Si bien es cierto que en múltiples ocasiones la Corte ha evaluado la constitucionalidad de expresiones jurídicas que por sí solas no constituyen una prescripción autónoma, como “la personalidad”, “Procuraduría General de la Nación” o incluso conjunciones, no es menos cierto que en estas oportunidades el análisis se ha efectuado respecto de la regla jurídica que resulta de insertar estas en la disposición en la que se enmarcan, y no del vocablo considerado en sí mismo.

 

Así, no resulta posible confrontar enunciados lingüísticos a los que se les ha adjudicado un uso directivo o prescriptivo, con enunciados descriptivos.

 

En definitiva, los signos lingüísticos considerados aisladamente, al margen de su contenido normativo, no son susceptibles del control constitucional material, o al menos lo son en un sentido sustancialmente distinto al que lo son los enunciados lingüísticos que tienen un uso prescriptivo[4].

 

La Corte Constitucional acertadamente se pronunció en Sentencia C-458 de 2015, y respecto de la posibilidad de analizar la exequibilidad de una palabra concluyó que: “El escrutinio judicial versa únicamente sobre el contenido normativo de los enunciados legales, más no sobre la terminología en la que se expresan las prescripciones jurídicas, porque esta dimensión lingüística del Derecho carece en sí misma de relevancia normativa”.

 

La expresión “acuerdo” sólo es eso, una simple expresión, que además de no encontrase inserta en disposición normativa alguna, no encuentra sustento lógico o legal para infringir algún tipo de norma constitucional. El derecho a la paz es de todos los ciudadanos, y no se puede olvidar que quienes lo han violentado de manera sistemática y cruel son los narcotraficantes terroristas de las “farc”, en ningún caso un simple vocablo normativo puede infringir o vulnerar este derecho.

 

Adicionalmente, bajo ninguna circunstancia resulta válido o admisible estudiar la constitucionalidad y/o legalidad de la expresión acuerdo, que tal como se ha demostrado a lo largo de este escrito no solamente no se encuentra en ningún tipo de postulado normativo en nuestro país, sino que además carece de cualquier significación jurídica o sociológica.

 

  1. Acuerdo Especial

 

Los acuerdos especiales se encuentran contenidos en el Art. 3 Común a los Convenios de Ginebra y aplican de manera exclusiva a los “Conflictos Armados No Internacionales”. Es importante resaltar que en Colombia no existe un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista de las farc.

 

En el Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra se establece claramente en su artículo 1º que “El presente protocolo (…) se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional (…) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo”. (Subrayado fuera del texto).

 

Dentro del Derecho Internacional Humanitario DIH existen algunos criterios para establecer la existencia de un Conflicto Armado Interno. El primero de estos criterios obedece al control territorial por parte de un grupo insurgente. En este punto se debe aclarar que actualmente, el grupo narcotraficante terrorista farc ostenta control territorial en ciertas zonas del país pero no de una manera legítima, es decir, el control que poseen lo han obtenido mediante la amenaza, extorsión y desplazamiento forzado a la población civil y solamente de manera momentánea, es decir, este grupo se ve obligado a restablecerse en otras zonas cuando la fuerza pública interviene de manera legítima. Históricamente, las farc no han ostentado control territorial de manera permanente en ninguna zona del país, siempre se han visto obligadas a esconderse y moverse ante la inminente acción de las fuerzas militares del Estado.

 

En cuanto al elemento de organización insurgente, en el caso de las farc no se tiene certeza alguna sobre la claridad o cohesión de estructura de algún tipo en su interior. Aunado a lo anterior, resulta de suma importancia recordar que Colombia es el único país del hemisferio que ha contado con una larga e ininterrumpida tradición democrática en la que se han respetado las instituciones, el Estado de derecho y la normatividad vigente por encima de cualquier cosa. En este sentido y a partir de estas consideraciones, bajo ninguna circunstancia puede afirmarse o peor aun entregarse el título de insurgentes a quienes no se han levantado en contra de régimen o dictadura alguna, sino que por el contrario de manera cobarde solamente han pretendido desestabilizar la construcción de Nación que desde la institucionalidad hemos conseguido en nuestros doscientos años de historia, generando terror, derramamiento de sangre, pobreza e inequidad a lo largo y ancho de nuestro territorio.

 

No se puede dejar de lado, que la existencia de un conflicto armado interno necesariamente exige que el grupo insurrecto goce de legitimidad popular o apoyo de algún sector de la ciudadanía, hecho que en Colombia no se da, por el contrario el pueblo colombiano unánime y reiteradamente ha rechazado la existencia de las farc, y los crímenes de lesa humanidad por ellos perpetrados, tales como, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, la tortura, el secuestro, los homicidios en persona protegida, las violaciones masivas como arma de guerra, el aborto obligado como practica común, la siembra de minas anti-personales en el territorio colombiano con el ánimo de incrementar los cultivos ilícitos, y menguar la moral de la tropa al causar heridas y lesiones que afecten lo mas profundo de la psiquis humana.

 

Pretender entregar el estatus de “parte” al grupo narcotraficante terrorista de las farc, al buscar que se declare la existencia de un conflicto armado interno raya en el absurdo, no solo por las consideraciones de hecho y de derecho aquí expuestas, sino porque a través de su existencia estos terroristas de manera abierta y cínica han desconocido todas y cada una de las disposiciones relativas al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, hoy para transitar aparentemente a la legalidad, y bajo un manto absoluto de impunidad el DIH si resulta aplicable y útil para sus propósitos.

 

De acuerdo con lo expuesto, el Acuerdo General, los acuerdos temáticos y el acuerdo final, no solo desarrollarían equivocadamente el Art. 3 común a los Convenios de Ginebra y el Art. 6 del Convenio III de Ginebra, sino que aun si alcanzaran el rango de acuerdos especiales y dejaran de ser un asunto del derecho interno, y convertirse en un documento vinculante respecto de las partes a la luz del derecho nacional e internacional, se olvida que el Art. 3 común a los Convenios de Ginebra claramente establece que: “La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes”, como aquí erradamente lo pretende el accionante.

Afirma el demandante que estos acuerdos especiales generarían obligaciones para las partes, en virtud del principio de buena fe y en razón a que involucran a diversos actores en el derecho internacional, lo cual es una falacia grotesca.  Los denominados “garantes” no son más que simples testigos del proceso, y a la fecha no han reconocido como par al terrorismo pusilánime de las “farc”.

Finalmente, no se puede dejar de lado que de acuerdo con el Art. 6 del Convenio III de Ginebra, “las altas partes contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar”, en materia de DIH exclusivamente. Y lo que aquí se pretende erróneamente y mediante esta acción pública de inconstitucionalidad es modificar el modelo agrario, político y económico del Estado colombiano, de manera ajena y contraria al proceso democrático.

  1. Conclusiones

 

Nos es dable concluir que sólo se puede solicitar a la Corte Constitucional que estudie y se pronuncie respecto de aquellas disposiciones normativas que hayan sido incorporadas válidamente al ordenamiento jurídico colombiano. Y a la fecha, el pueblo colombiano ni el Congreso de Colombia han aceptado o incorporado pacto alguno con los narcotraficantes y terroristas de las “farc”.

 

La expresión “acuerdo” sólo es eso, una simple expresión, que además de no encontrarse inserta en disposición normativa alguna, no encuentra sustento lógico o legal para infringir algún tipo de norma constitucional.

 

Así las cosas, bajo ninguna circunstancia resulta válido o admisible estudiar la constitucionalidad y/o legalidad de la expresión acuerdo, que tal como se ha demostrado a lo largo de este escrito no solamente no se encuentra en ningún tipo de postulado normativo en nuestro país, sino que además carece de cualquier significación jurídica o sociológica.

 

Adicionalmente, es inaceptable que un grupo terrorista narcotraficante como las “farc” sea considerada como parte en un acuerdo de Derecho Internacional, pues, como se demostró con precisión, en Colombia no existe conflicto armado interno sino una simple amenaza terrorista, violadora de todos los derechos humanos.

 

 

  1. Solicitud a la Honorable Corte Constitucional

Por las razones plenamente expuestas en este escrito, solicito respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional que, en el radicado del expediente en mención, declare la improcedencia de la demanda.

 

Lo anterior, con base en que esta Honorable Corte en reiterada jurisprudencia, específicamente en la Sentencia C- 024 de 1997, manifestó que: “(…) la jurisprudencia de esta corporación denomina una petición de esta clase como “inepta demanda”, pues repárese que mal puede apelarse a la acción pública de inconstitucionalidad si no se plantea una verdadera confrontación entre el precepto acusado de orden legal y la Constitución Política de Colombia”.

 

Cordialmente,

 

 

 

 

ALFREDO RAMOS MAYA

Senador de la República



[1] En este sentido, en la sentencia C-957 de 1999 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) se afirmó: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos”; y en la sentencia C-084 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se explicó que “la promulgación, como ya se expresó, consiste en la publicación oficial de la ley; la entrada en vigencia es la indicación del momento a partir del cual ésta se vuelve obligatoria para los asociados, esto es, sus disposiciones surten efectos. Por tanto, bien puede suceder que una ley se promulgue y sólo produzca efectos meses después; o también es de frecuente ocurrencia que el legislador disponga la vigencia de la ley “a partir de su promulgación”, en cuyo caso una vez cumplida ésta, las disposiciones respectivas comienzan a regir, es decir, a ser obligatorias”. De manera similar,.refiriéndose al período de obligatoriedad o vigencia de la ley, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 25 de enero de 1983, estableció: “La necesidad de la promulgación de la ley como requisito indispensable para reconocer su vigencia es doctrina universalmente aceptada. (…) …debe entenderse que la ley no obliga al administrado sino en virtud de su promulgación. Este es el sentido que debe dársele a la jurisprudencia del Consejo y de la Corte cuando uno y otra sostienen que el principio de la promulgación de la ley como condición para su obligatoriedad, admite como excepción el señalamiento expreso de su vigencia en el propio tenor de la ley, pero debe entenderse que esta vigencia no puede ser antes de su promulgación, especialmente cuando se trate de normas que imponen obligaciones a los administrados.”. En idéntico sentido, la Ley 489 de 1999, artículo 119, establece: Publicación en el diario oficial. (…) Parágrafo: Unicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad”. Con la misma óptica se debe leer el artículo 380 de la Constitución Política, que reza: “Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación”.

[2] Es en este sentido que las disposiciones constitucionales y legales utilizan el verbo “aplicar”. Así, el artículo 4 de la Carta Política establece que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”; el artículo 29 de la Constitución establece que “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”; el artículo 85 Superior habla de derechos de aplicación inmediata; y el artículo 53 de la Constitución consagra el principio de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. En idéntico sentido, el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 dispone que “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”; y el artículo 26 del Código Civil establece que “los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido…”.

[3]  En la práctica, el diseño de la política pública puede incorporar elementos que anticipan el modo o el ritmo en que será implementada. Ver WILDAVSKY, Aaron: “Implementation”. University of California Press, 1984.

[4] Sentencia C-458 de 2015. M.P GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Boletín N° 17 Senador Ramos llama a inundar la Corte Constitucional de intervenciones y salvar la Constitución / video

Boletín N° 17

 

Senador Ramos llama a inundar la Corte Constitucional de intervenciones y salvar la Constitución

Lo hizo en una invitación hasta el 3 de junio para que la ciudadanía intervenga en proceso de demanda radicada por Eduardo Montealegre.

 

 

Ver video:

https://www.facebook.com/AlfredoRamosSenadoSano/videos/1091098204281149/

 

 

Bogotá, 27 de mayo de 2016: Al aducir la inadmisibilidad de elevar a rango constitucional “algo firmado en una servilleta” entre las Farc y el Gobierno, el senador Alfredo Ramos Maya llamó a una participación masiva de la ciudadanía en el estudio de la demanda de constitucionalidad con radicado D-11329, de la palabra “acuerdo” que propuso Eduardo Montealegre, pues pretende imponerse por encima de la Carta Magna y de la voluntad popular.

 

En sus redes sociales, el Senador hizo un llamado para que, con argumentos expuestos en la página http://alfredoramosmaya.com/?p=1596, los ciudadanos participen activamente hasta el 3 de junio, fecha en que vence el plazo para la entrega de intervenciones ciudadanas.

 

En opinión del congresista, “cualquier ciudadano puede demandar la inconstitucionalidad de una norma a través de la acción pública de inconstitucionalidad, pero jamás podrá solicitar que se declare la constitucionalidad de una expresión, y mucho menos de un pacto firmado en un papel con narcotraficantes terroristas”, al que consideró como un exabrupto.

 

Dentro de sus argumentos, Ramos indica que “la expresión “acuerdo”, no es más que eso, una expresión, que ni siquiera alcanza la naturaleza de Acto Administrativo y que debió haber sido rechazada de tajo por la instancia judicial”.

 

Por consiguiente, el anteponer lo pactado por las Farc y el Gobierno a la Carta Magna, implica que lo primero será elevado a una norma superior sin tener en cuenta a los colombianos ni al Congreso de la República, “incluyéndolo de manera automática en nuestro ordenamiento jurídico”, explicó Ramos.

 

Por esta razón, el congresista antioqueño trajo a colación que el pueblo colombiano “no ha aceptado ningún pacto con los narcotraficantes y terroristas de las Farc”, por lo que sería una anomalía solicitar a la Alta Corte que mantenga en el ordenamiento jurídico de aquellas disposiciones.

 

Manifestación masiva

Ahora, con el propósito de evitar una perturbación mayor después de medio siglo de violencia, Ramos Maya hizo un llamado a la ciudadanía para que, a partir de este momento, se manifiesten masivamente ante la Corte Constitucional quienes coincidan con sus planteamientos.

 

“Hasta el 3 de junio tenemos plazo para enviar textos o videos a la dirección de correo electrónico de la Corte Constitucional: rocioal@corteconstitucional.gov.co para enviar los argumentos que cada uno considere”, de tal forma que después se ratifique el texto de ese video en una notaría para enviarlo posteriormente a la Corte Constitucional a la Calle 12 N° 7-65 en Bogotá y dicha intervención sea validada dentro del proceso.

 

“Esto es parte de la resistencia civil. Defendamos nuestra Constitución: que las servilletas firmadas con terroristas no estén por encima de la voluntad popular”, concluyó el senador de origen antioqueño.

 

FIN

 

 

 

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ARGUMENTOS PARA ENVIAR A LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE A DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA PALABRA “ACUERDO”

ARGUMENTOS PARA ENVIAR A LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE A DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA PALABRA “ACUERDO”   En el expediente...

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Frente al caso Pretelt no vamos a aceptar ninguna presión mediática ni política, ni siquiera del CD: Ramos / video

Boletín N° 16

 

Frente al caso Pretelt no vamos a aceptar ninguna presión mediática ni política, ni siquiera del CD: Ramos

 

El senador aclaró que la Comisión de Instrucción no le hará el juego político a nadie: “no vamos a hacer persecuciones, pero tampoco nos vamos a dejar intimidar”.

 

 

Ver videohttps://www.youtube.com/watch?v=v1o9eVLJwt4 

 

 

Bogotá, 25 de mayo de 2016. “En momentos en que se adelanta el juicio político contra el magistrado Jorge Pretelt por supuestos actos de corrupción, el senador Alfredo Ramos Maya aclaró que la Comisión de Instrucción encargada de llevar el caso no se dejará intimidar por presiones de ningún tipo, ni siquiera por miembros del partido al que pertenece, el Centro Democrático.

 

Así lo dejó ver con vehemencia durante la plenaria del Senado de este miércoles, cuando reiteró que los integrantes de la Comisión de Instrucción, de la cual hace parte, actuarán con la transparencia que se requiere y en pleno derecho para darle plena tranquilidad a la ciudadanía.

 

“No vamos a aceptar ninguna presión mediática, ni política, ni siquiera de miembros del partido Centro Democrático en la instrucción que estamos llevando en este momento. Se lo hemos mencionado así a las personas del partido, que este es un tema que no vamos a tocar, que será con la responsabilidad del acervo probatorio, al cual vamos a enfrentar, la que será la que tome la decisión final de la Comisión de Instrucción y será nuestro voto en primera instancia, y esta es una decisión que tendrá que tomar la plenaria del Senado una vez se surta este proceso de trámite de instrucción”, expuso Ramos Maya.

 

En su constancia, el senador antioqueño recordó que el país está frente a un proceso con muy pocos precedentes en su historia de Colombia, por lo que consideró necesario precisar que “el Centro Democrático no es un partido arrodillado a ninguna pretensión, aquí no le hacemos el juego político a nadie, ni politiquero, aquí nos hacemos respetar y actuamos en derecho. Nosotros aquí no estamos arrodillados a la intención o al interés de unos pocos, miraremos el acervo probatorio y así tomaremos la decisión, de cara al país, sin presiones ni de medios de comunicación, ni de políticos de ningún partido, ni de ningún órgano judicial”.

 

 

FIN

 

 

 

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Informe de gestión abril de 2016

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN ALFREDO RAMOS MAYA SENADOR DE LA REPÚBLICA PERIODO: Abril 1 al 30 de 2016 Agenda legislativa plenarias 4...

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