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Boletín Nº 25 Senador Ramos pide a Alcalde de Medellín tomar acciones legales para reclamar recursos de venta de Isagen / video

 

 

Boletín Nº 25

 

Senador Ramos pide a Alcalde de Medellín tomar acciones legales para reclamar recursos de venta de Isagen

 

A través de una carta, el Senador antioqueño elevó una petición con el fin de restablecer los derechos vulnerados de los habitantes de Medellín, al ser excluidos de la distribución producto de la venta

 

 


Bogotá, 1 de agosto de 2017.
A través de una misiva enviada en días pasados, el senador Alfredo Ramos Maya reiteró al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la petición respetuosa de tomar las acciones legales pertinentes para que parte de los recursos provenientes del 10% de la enajenación de Isagen, sean entregados a los habitantes de la capital antioqueña.

 

De acuerdo con Ramos, al municipio de Medellín debería corresponderle participación en los dineros producto de la venta de Isagen por ser el domicilio principal de la comercialización de la empresa de energía. Sin embargo, el Gobierno Nacional expidió la reglamentación (Ley 1815 de 2016 y decreto 940 de 2017) en la que toma en cuenta solo la actividad de generación de energía y no la de comercialización, la cual se hacía precisamente desde la capital antioqueña.

 

Por consiguiente, y al exponer el sustento jurídico necesario, el senador solicitó nuevamente al mandatario acudir a las acciones jurisdiccionales que sean necesarias, “con el fin de obtener la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Ley 1815 de 2016, la nulidad del decreto 940 de 2017 y el restablecimiento de los derechos vulnerados a los habitantes de Medellín”.

 

Desde febrero de 2016, Ramos había enviado una carta a gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales que tenían derecho a esos recursos, incluyendo a Medellín, que finalmente fue excluida de manera inesperada por parte del gobierno nacional.

 

FIN

 

 

 

 

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COLOMBIA: DEMOCRACIA EN RIESGO

COLOMBIA: DEMOCRACIA EN RIESGO Por: Alfredo Ramos Maya Senador de la República   Actualmente, Colombia atraviesa por una crisis...

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Boletín Nº 24 Ramos pide a Corte Constitucional adelantar análisis de la demanda de extraordinarias / video

 

 

Boletín Nº 24

 

 

Ramos pide a Corte Constitucional adelantar análisis de la demanda de extraordinarias

 

Su estudio se encuentra suspendido desde febrero pasado, y de él depende el futuro de proyectos del denominado “fast track”.

 

 

 


Bogotá, 21 de julio de 2017.
El senador Alfredo Ramos Maya solicitó a la Corte Constitucional adelantar el análisis de la demanda contra el decreto 2052 de 2016, que convocó a las sesiones extraordinarias citadas entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, que se encuentra acumulado con el proceso de revisión de Constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016 sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, cuyo estudio se encontraba suspendido por decisión de la Corte.

 

En la demanda, presentada en enero pasado, Ramos argumentó que para las sesiones extraordinarias son ilegales ya que en el decreto de convocatoria nunca se especificaron las leyes y actos legislativos que se deberían tramitar, “lo que significa un abuso a las atribuciones limitadas que se consagran expresamente al gobierno nacional, generando como consecuencia una violación al principio de separación de poderes”.

 

El Consejo de Estado remitió un mes después a la Corte Constitucional la demanda alegando falta de competencias. Luego, la Corte la acumuló al expediente que definía la ley sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.  Sin embargo, el proceso de estudio de dicha ley fue suspendido, y apenas se reanudó el pasado 12 de julio.

 

Por ello, el senador antioqueño mostró su preocupación ante la lentitud frente a la demanda y solicitó a la Corte Constitucional priorizar, por economía procesal, su estudio inmediato o, si fuere necesario, “acumular a la mayor brevedad el mencionado expediente al estudio de aquella norma que haya de ser la primera en dictar sentencia bajo el trámite del denominado Procedimiento legislativo especial”, puesto que de ella depende la posterior constitucionalidad de todos los actos legislativos y leyes aprobadas en el lapso de sesiones extraordinarias.

 

FIN

 

 

 

 

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INFORME MENSUAL DE GESTIÓN: junio 1 al 30 de 2017

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN ALFREDO RAMOS MAYA PERIODO: junio 1 al 30 de 2017 Agenda legislativa plenaria Lunes 5: Debate de...

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Boletín Nº 23 La provincia es el esquema asociativo del futuro en Colombia: Senador Ramos / video

 

 

Boletín Nº 23

 

La provincia es el esquema asociativo del futuro en Colombia: Senador Ramos

 

El sistema, que se estrena en Colombia, será el éxito o el fracaso del modelo de descentralización de la gestión del Estado que requiere Colombia.

 

 

Ver videos: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1453972921327007&id=592393237484984

https://twitter.com/PrensaRamos/status/877204770280353792?s=08

 


Bogotá, 20 de junio de 2017.
En el marco de la presentación del informe final de la Provincia de Cartama que se hizo al Senado de la República por parte de la Comisión Accidental creada para su seguimiento, el senador Alfredo Ramos Maya, como coordinador de la misma, recalcó que la decisión de implementar este esquema asociativo se hace teniendo en cuenta que los 11 municipios del suroeste antioqueño que la componen, comparten similitudes en cuanto a variables sociales, económicas, culturales y ambientales para trabajar de manera articulada en proyectos que beneficiarán a sus habitantes.

 

De ese modo, Ramos Maya planteó varias observaciones respecto a este modelo que se estrena en Colombia y que reúne esfuerzos de los municipios de Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaiso y Venecia, la primera de ellas es que “el esquema de provincia es una forma directa de presencia del Estado en todas las regiones de Colombia para que los ciudadanos vuelvan a creer en la democracia”.

 

Enseguida, explicó que se requiere una reforma profunda para entregarle recursos y competencias a las provincias, “que son asociaciones de municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento que podrán constituirse por solicitud de las autoridades locales, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, entre otros”.

 

En tercer lugar, frente a la Provincia de Cartama “se elevará una solicitud al Gobierno Nacional para una actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y para realizar una actualización catastral”, comentó.

 

El senador Ramos terminó argumentando que el fracaso o el éxito de la Provincia de Cartama, “será el fracaso o el éxito de este esquema asociativo que busca descentralizar la gestión del Estado”.

 

En la presentación del informe estuvieron presentes los alcaldes de Támesis, Iván Alexander Zuluaga; de Jericó, Jorge Andrés Pérez, el director General del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, Hernán Saldarriaga y los miembros de la bancada antioqueña en el Senado.

 

FIN

 

 

 

 

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Boletín Nº 22 Bogotá, 16 de junio de 2017. Los riesgos de la democracia. Carta enviada por el senador Alfredo Ramos al secretario General de la OEA, Luis Almagro / video

 

 Boletín Nº 22

 

Bogotá, 16 de junio de 2017. Los riesgos de la democracia. Carta enviada por el senador Alfredo Ramos al secretario General de la OEA, Luis Almagro

 

 

 

Bogotá, 24 de mayo de 2017

 

 

Doctor

LUIS LEONARDO ALMAGRO

Secretario General

Organización de los Estados Americanos

 

 

Los riesgos de la Democracia en Colombia

 

 

En momentos en los cuales la Democracia en Latinoamérica se encuentra bajo la más grave amenaza, personas como usted representan la esperanza de rescatar y enaltecer nuevamente los valores democráticos.  Colombia no es ajena a dichos riesgos.

 

El Presidente de la República, como cabeza de la rama ejecutiva, se ha encargado de acabar con el principio de la separación de poderes por medio de sus acciones. En la presente misiva ponemos en su conocimiento los hechos más relevantes que evidencian el menoscabo de la Democracia en Colombia.

 

El 2 de octubre de 2016 se llevó a cabo la votación del Plebiscito en el cual se le consultaría al pueblo colombiano, como constituyente primario, si aprobaba o no los acuerdos alcanzados con el grupo narcotraficante y terrorista farc. En la legislación colombiana se consagraba un umbral del 50% del censo electoral para aprobar cualquier plebiscito, y sin embargo el Presidente Juan Manuel Santos consideró que era muy alto y en contubernio con el Congreso y la Corte Constitucional se redujo al 13%.

 

Durante los 33 días que duró la campaña del Plebiscito, según informe de la Organización que usted preside, existió gran desnivel con respecto a la financiación de la campaña, con exorbitantes recursos de quienes apoyaban al gobierno, además de un sometimiento a servidores públicos para que participaran activamente en dicho apoyo a los acuerdos.

 

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-379/16 y a pesar de haber avalado la reducción del umbral, estableció ciertos criterios que se debían cumplir en razón del certamen electoral. Dentro de los criterios que estableció la Corte, se encontraba la obligación de no utilizar una pregunta tendenciosa, a lo cual el Presidente Santos respondió que podía preguntar “lo que le diera la gana”.   Transgrediendo la jurisprudencia, optó por una pregunta sesgada: “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

 

Contra todo pronóstico, ganó la opción del NO con una votación de 6.438.552 sobre 6.382.901. Sin embargo, el Gobierno decidió pasar por encima de la voluntad popular sin escrúpulo alguno.  Tras aceleradas reuniones con voceros del NO, en las que se solicitaba un gran acuerdo nacional, se realizaron unos cambios meramente cosméticos en los que gobierno y farc sólo acogieron aquellas propuestas que les fueran convenientes y que no modificaran el acuerdo en lo sustancial.  Adicionalmente, se estableció que esos supuestos nuevos acuerdos no serían refrendados por el constituyente primario sino por el Congreso de la República, algo que nunca se mencionó en las discusiones con los voceros del NO y que excede las competencias constitucionales del poder legislativo.

 

Como si lo anterior fuera poco, tras la refrendación amañada e ilegítima por parte del Congreso de la República, el Gobierno Nacional puso en marcha un mecanismo denominado Proceso Legislativo Especial para la Paz (“Fast Track”) cuya finalidad es implementar estos acuerdos de una manera acelerada, con duración de un año. Pese a que la semana pasada la Corte Constitucional declaró inexequibles los literlaes H y J del Acto Legislativo 01 de 2016, las Comisiones de Paz del Congreso de la República expresaron que permitirían la deliberación en los debates pero que, con sus mayorías aplastantes presentarían proposiciones para votar todo en bloque y sólo aprobar las proposiciones que tuvieran el aval del Gobierno Nacional. Continúa la violación sistemática a la separación de poderes en el sentido en que, adicionalmente, desconoce la deliberación del Congreso reduciendo a la mitad los debates que debe surtir un Proyecto de Ley o de Reforma Constitucional. Y, aún más grave es el hecho de que antes de que el gobierno pueda presentar o avalar una modificación a un Proyecto de Ley o de Reforma Constitucional, éste debe ser aprobada previamente por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación conformada por tres miembros del gobierno y tres del grupo narcotraficante y terrorista farc. Adicionalmente, la norma constitucional que legitima estos atropellos democráticos le confiere facultades exorbitantes al Presidente de la República para que expida todos los Decretos con fuerza de ley que considere necesarios para la implementación del acuerdo, generando una concentración absoluta en el poder ejecutivo de las facultades legislativas y del constituyente primario.

 

Adicionalmente a todos estos procesos, los riesgos a la Democracia se aprecian en la legislación hasta ahora aprobada para la implementación del mencionado acuerdo, y que aún seguirá vigente por al menos seis meses más.

 

El primer riesgo es la creación de la denominada Justicia Especial para la Paz, diferente a la rama judicial colombiana y cuyo real propósito es darle impunidad a los miembros de las farc y la retaliación contra la oposición política, las fuerzas militares y los empresarios de Colombia. En esta justicia paralela, no se contará con la presencia de la Fiscalía General de la Nación ni de la Procuraduría, no tiene la posibilidad real de instaurar tutelas como mecanismo de protección de derechos fundamentales, no tiene unan jurisdicción disciplinaria para sus jueces, ni tiene establecido un procedimiento penal. Adicionalmente, además del alto gasto burocrático, las personas escogidas para conformar este despropósito serán seleccionadas por algunas instituciones y personas que han demostrado clara afinidad ideológica con posturas persecutoras de Latinoamérica y Europa.

 

Otro grave riesgo para la Democracia colombiana, a través de la legislación establecida para la implementación, es la incorporación de estos acuerdos al denominado bloque de constitucionalidad, sin posibilidad de ser modificados por los próximos doce años.  Esto significa que los acuerdos sin legitimación tienen rango constitucional inmodificable por tres periodos gubernamentales, avasallando toda capacidad democrática de reforma constitucional, sin precedentes en nuestra historia política.

 

Como otra novedad en este riesgo para la Democracia colombiana y para la institucionalidad es la inclusión del narcotráfico como conexo al delito político. Esto lo único que busca es legalizar los dineros provenientes de esta actividad por los cabecillas narcotraficantes y terroristas farc, dejar a sus víctimas sin posibilidad de reparación económica y entregar un mensaje de impunidad que abre las puertas para nuevas formas de violencia financiadas por el narcotráfico.

 

Siendo usted un abanderado de la Democracia, consideramos pertinente que conozca estas actuaciones irregulares y atentatorias del orden democrático de nuestro país para que le haga un llamado de atención al Gobierno colombiano con el fin de que respete la institucionalidad y prevalezcan la Constitución y las leyes.

 

Le seguiremos informando de posteriores atentados contra la Democracia colombiana para que usted, líder regional, tome las acciones que considere pertinentes con el fin de restablecer el orden institucional.

 

 

Cordialmente,

 

 

 

ALFREDO RAMOS MAYA

Senador de la República de Colombia

 

 

 

 

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Boletín Nº 21 Tres mentiras con las que el IGAC quiere quitarle 100 mil hectáreas a Antioquia: Ramos / video

 

Boletín Nº 21

 

Tres mentiras con las que el IGAC quiere quitarle 100 mil hectáreas a Antioquia: Ramos

 

Usurpa funciones, engaña al decir que el Congreso guardó silencio y niega que sí se negoció Belén de Bajirá para terminar el paro en Chocó.

 

 

Ver video: https://youtu.be/3cH-YlbVOzY


Bogotá, 13 de junio de 2017.
Al insistir en que Antioquia no cederá un centímetro de su territorio y menos por ilegalidades, el senador Alfredo Ramos Maya develó las tres principales mentiras con las que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) pretende quitarle 100 mil hectáreas al departamento.

 

En primer lugar, indicó Ramos, la competencia única para dirimir diferendos limítrofes está establecida por el Congreso de la República,” en primera instancia por las comisiones de Ordenamiento Territorial y posteriormente por la Plenaria del Senado y en una proposición hecha en diciembre por dichas comisiones se estableció que se debía devolver el informe técnico que presentó el IGAC, porque no cumplía los requisitos esenciales”; sin embargo, “jamás se le delegó al IGAC la competencia que tenía el Congreso de la República”.

 

A renglón seguido, el senador argumentó que el director del IGAC, Juan Antonio Nieto, falta a la verdad al insistir en que el Legislativo no hizo pronunciamiento alguno durante un año y por ello se tuvo que aceptar el informe técnico hecho por el Instituto. “Eso es completamente falso. El Congreso habló y dijo claramente al señor Nieto, que tenía que cumplir con los requisitos esenciales que se estaban solicitando en una proposición. El Congreso habló y le devolvió el informe mal hecho”, aclaró Ramos Maya.

 

Como tercer punto, el congresista cuestionó las recientes declaraciones del gobernador del Chocó, Jhoanny Carlos Palacios, en las que reconoce que el Gobierno Nacional prometió ceder Belén de Bajirá con tal de levantar el paro que adelantaba dicho departamento. “Ayer el Gobernador del Chocó lo dijo en una alocución e insultó a Antioquia y dijo que efectivamente el paro les había ayudado a agilizar ese proceso. Antioquia no va a permitir que a través de ilegalidades le cercenen 100 mil hectáreas de su territorio, y daremos la lucha política y jurídica para que pare la fragmentación del territorio colombiano”, finalizó diciendo Ramos en la plenaria del Senado en la que aclaró que Antioquia reitera la hermandad con Chocó.

 

FIN

 

 

 

 

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Boletín Nº 20 Senador Ramos Maya propone al Gobernador de Antioquia realizar consulta popular para definir caso Belén de Bajirá / video

 

 

Boletín Nº 20

 

Senador Ramos Maya propone al Gobernador de Antioquia realizar consulta popular para definir caso Belén de Bajirá.

 

Adicionalmente, pidió al presidente del Congreso exhortar al IGAC de abstenerse de publicar un nuevo mapa hasta cuando el Legislativo decida sobre el mismo.

 

 


Bogotá, 9 de junio de 2017.
El senador Alfredo Ramos Maya planteó dos propuestas que buscan defender el territorio antioqueño en la disputa entre por el diferendo limítrofe por los corregimientos de Belén de Bajirá, Blanquiceth, Nuevo Oriente y Macondo: la primera es que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, convoque a una consulta popular para preguntarle a los ciudadanos a qué Departamento desean pertenecer. Y una solicitud al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, para que exhorte al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a no divulgar mapa alguno hasta tanto el Legislativo entregue una disposición sobre el particular.

 

Los planteamientos se plasmaron en dos misivas enviadas, tanto al Gobernador como al presidente de la Cámara Alta, para encontrar una salida amigable y respetuosa con los pobladores de los corregimientos antioqueños.

 

Por un lado, esta Consulta “es una facultad de todo gobernante territorial y subsanaría la omisión en la que incurrió el Ministerio del Interior cuando, el pasado 8 de diciembre, se le solicitó por parte de las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara realizarla, con el fin de conocer la visión de la comunidad en un oportuno ejercicio de Democracia participativa”, tal como lo expuso Ramos Maya reiterando, dicho sea de paso, la relación fraternal entre Antioquia y Chocó.

 

De otro lado, la petición hecha a Lizcano especificaba que, como Presidente del Senado de la República, tuviese en cuenta la proposición aprobada en diciembre pasado por las Comisiones de Ordenamiento Territorial sobre el diferendo limítrofe. El texto aprobado en aquel momento indicaba que el informe técnico del IGAC debía ser regresado por no cumplir con las obligaciones técnicas, tema que fue desconocido por el director de dicha entidad, que no ha presentado un nuevo informe al Congreso cumpliendo los requisitos legales.

 

Por último, el senador Ramos Maya invitó a la autoridad departamental y legislativa, a gestionar el tema de una manera rápida “en defensa de nuestro territorio (antioqueño) para evitar un atropello a la Constitución, la Ley y la voluntad del Congreso de la República”.

 

FIN

 

 

 

 

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LOS RECURSOS DE LA VENTA DE ISAGÉN 2ª. PARTE

LOS RECURSOS DE LA VENTA DE ISAGÉN
2ª. PARTE

 

Boletín Nº 19 Senador Ramos denuncia en Contraloría presunto extravío de $6,5 billones de venta de Isagén / video

 

 

Boletín Nº 19

 

Senador Ramos denuncia en Contraloría presunto extravío de $6,5 billones de venta de Isagén

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Ver video: https://youtu.be/cJFasP-eULY

 


Bogotá, 7 de junio de 2017.
Tras denunciar en semanas anteriores que los recursos por $650 mil millones correspondientes a departamentos y municipios por la venta de Isagén no tienen reglamentación ministerial sobre sus proyectos, además de que no incluyeron a Medellín, el Senador Alfredo Ramos hizo nuevas denuncias sobre la presunta desaparición de la totalidad de los recursos provenientes de la venta de esta empresa hecha en enero de 2016.

 

Ramos informó en plenaria de Senado que en la cuenta del Banco de la República en la que se debían encontrar los recursos por $6,5 billones, de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Hacienda, “no se encuentra transacción alguna relacionada con la enajenación de la participación accionaria de la Nación en Isagén. Y como si no fuera suficientemente preocupante, el Banco de la República respondió que no pueden existir transacciones mayores a $200 millones de dólares en la cuenta mencionada”.

 

Ramos cuestionó al Ministro de Hacienda, preguntándole: “señor Ministro, ¿nos puede explicar por qué no se encuentran los recursos que usted dice en la cuenta del Banco de la República? ¿Quién miente: ustedes en el ministerio? ¿El banco? Colombia requiere claridad completa sobre el destino de los $6,5 billones de la nefasta venta de Isagén”.

 

El Senador Ramos Maya añadió que interpuso en la Contraloría General de la República una petición para que investigue estos hechos.

 

FIN

 

 

 

 

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